Catalogo de procedimientos

Solicitud de información pública

Finalidad

Se entiende por información pública los contenidos o documentos, sea qué sea su formato o apoyo, que estén en poder de alguno de los sujetos que integran las administraciones públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno).

Quien lo puede Presentar

Podrán ejercer su derecho de acceso en la información todas las personas, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución española, artículo que establece que la ley regulará el acceso de la ciudadanía a los archivos y a los registros administrativos, excepto en aquello que afecte la seguridad y la defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas o en la Constitución española.
Las personas jurídicas podrán así mismo ejercer su derecho de acceso.

Presentación

Las solicitudes que los ciudadanos dirijan a los órganos del Consejo Insular de Ibiza se pueden presentar:

Al Registro General del Consejo Insular de Ibiza (avenida de España, 49, CP 07800, Ibiza).
A los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, a la de cualquier administración de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, a los ayuntamientos de los municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, o a la del resto de entidades que integran la administración local si, en este último caso, se hubiera subscrito el convenio oportuno.
A las oficinas de Correos, en la forma que se establezca reglamentariamente.
A las representaciones diplomáticas o las oficinas consulares de España en el extranjero.
A cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
En sede electrónica, mediante certificado digital.

Organo gestor

El ciudadano/La ciudadana tendrá que dirigir su solicitud al órgano que posee la información para conseguir una mayor eficiencia en la respuesta.

Si la solicitud se refiere a información que no conste en poder del sujeto al cual se dirige, este la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia la persona solicitante.

Plazo de resolución

La resolución en la cual se conceda o se deniegue el acceso tendrá que notificarse a la persona solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver (artículo 20 de la Ley 19/2013).

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el supuesto de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y con notificación previa a la persona solicitante.

Efecto del silencio administrativo

Desestimatorio

Recursos

Si no está satisfecho con la respuesta o bien no recibe respuesta puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de las Illes Balears:

https://www.caib.es/sites/%20reclamacionsinformacio/es/inici/

Normativa básica

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Información adicional

Información y límites al derecho de acceso a la información pública:

Si la información solicitada pudiera afectar derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se los concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que consideren oportunas. La persona solicitante tendrá que ser informada de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
El derecho de acceso a la información está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden quedar desprotegidos si se da la información. Es decir, los límites existen para proteger información que no debe ser pública porque, si lo fuera, podría dañar a una persona o al interés público.Estos límites están tasados en la Ley y son los siguientes:
- La seguridad nacional
- La defensa
- Las relaciones exteriores
- La seguridad pública
- La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios
- La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
- Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control
- Los intereses económicos y comerciales
- La política económica y monetaria
- El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
- La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión
- La protección del medio ambiente

Nivel de identificación del solicitante

Substancial:: Acceso mediante sistema Clave

Documentos a presentar

Documentación requerida

- Solicitud

- Otros documentos

Registro electrónico